La transformación de los sistemas agroalimentarios no puede depender únicamente de la iniciativa de pequeñas explotaciones, colectivos locales o consumidores responsables. Si se quiere avanzar hacia modelos realmente resilientes frente al cambio climático, las políticas públicas deben asumir un papel activo, justo y coherente. El Módulo IV de la Guía EcoTerRes plantea un conjunto de propuestas clave para que las políticas de apoyo no solo existan, sino que respondan a las realidades de los territorios.
El proyecto EcoTerRes, impulsado por SEAE con financiación de la Fundación Biodiversidad del MITECO, parte del análisis de 90 iniciativas agroecológicas y turísticas en tres territorios vulnerables: Mallorca, Málaga y Girona. Estas experiencias revelan una contradicción persistente: quienes trabajan a favor del bien común —la biodiversidad, el suelo fértil, el arraigo rural, el alimento sano— son a menudo quienes más obstáculos enfrentan para sostenerse.
Diagnóstico de una brecha estructural
El módulo identifica barreras clave para la resiliencia territorial: dificultad de acceso a tierra y agua, ayudas basadas en criterios de superficie, falta de reconocimiento del trabajo colectivo, desigualdad de género, y precariedad estructural. En este escenario, muchas iniciativas agroecológicas —a pesar de su impacto positivo— quedan fuera del radar institucional o son penalizadas por no ajustarse a modelos estándar.
Además, las ayudas públicas tienden a priorizar criterios cuantitativos (rendimiento, facturación, hectáreas) frente a aportes cualitativos como el cuidado del entorno, la justicia social o la implicación comunitaria.
Propuestas para un cambio profundo
Frente a este escenario, EcoTerRes plantea recomendaciones políticas estructuradas en cinco ejes:
Reconocimiento y visibilidad: incluir los sistemas agroecológicos territoriales en los planes de adaptación climática, alimentaria y rural, y reconocer su rol clave en la sostenibilidad.
Acceso justo a recursos: facilitar el acceso a tierra, agua, crédito y formación a iniciativas de pequeña escala, colectivos jóvenes, mujeres y personas migrantes.
Redefinición de ayudas: revisar la PAC y otras políticas públicas para que valoren criterios agroecológicos, sociales y de economía solidaria.
Fomento de infraestructuras colectivas: impulsar centros de transformación, redes de distribución y espacios logísticos compartidos, promoviendo la cooperación local.
Gobernanza participativa: promover espacios de diálogo y diseño político multiactor, donde las comunidades rurales y agroecológicas puedan influir en la toma de decisiones.
Estas propuestas no se quedan en lo técnico, sino que incorporan una mirada política: construir resiliencia exige redistribuir poder y recursos, cuestionar el modelo dominante y apostar por un desarrollo justo y sostenible.
Transversalidad y enfoque ecosocial
EcoTerRes insiste también en que las políticas públicas deben ser transversales, articulando lo agroalimentario con la educación, el turismo, la salud o la cultura. Solo así se podrá sostener una transición que no se limite a la producción, sino que transforme también el consumo, las relaciones laborales, la movilidad y la cohesión territorial.
“Necesitamos políticas que no solo incentiven lo ecológico, sino que cuiden lo común, lo pequeño, lo diverso. Políticas que estén a la altura del esfuerzo y compromiso de quienes ya están transformando sus entornos desde abajo”, señala el documento.
En definitiva, el Módulo IV ofrece un marco de acción política que parte de lo concreto, del territorio y sus actores. Una hoja de ruta para administraciones que quieran ser aliadas reales en la construcción de resiliencia climática.
*EcoTerRes cuenta con el apoyo y financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos que contribuyan a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 en el ejercicio 2023.
Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto
Nos Plantamos, movimiento del que forma parte SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología) reivindica la necesidad de una transición agroecológica urgente que favorezca y apoye a la agricultura familiar y social
Con motivo del Día Mundial de la Lucha Campesina, 17 de abril, el movimiento Nos plantamos, del que forman parte más de 50 organizaciones, reclama la necesidad de apostar por una transición urgente hacia métodos de producción agroecológicos, sostenibles y diversificados, bajo proyectos familiares prósperos y a pequeña escala. Reivindican, a su vez, un sistema agroalimentario en manos de las personas agricultoras y consumidoras, que no esté dominado por el poder de la industria agroalimentaria, los grandes supermercados ni los lobbies de la agroindustria. Las personas consumidoras quieren poder acceder fácilmente a alimentos sanos, producidos de forma justa y sostenible.
Este modelo agroecológico, que responde a los retos sociales y ambientales actuales, busca también la preservación de la biodiversidad y la paz con justicia social, soluciones campesinas a la crisis alimentaria y climática que se vive en España y en otros lugares del mundo. Ante esta transición, el colectivo también considera imprescindible el acceso a la tierra, precios justos para las productoras y las consumidoras, la promoción de la agroecología y las semillas campesinas y la defensa de la soberanía de los pueblos.
La disminución del número de personas agricultoras, el aumento de la superficie de las explotaciones de gran tamaño y la disminución de las de pequeño y mediano tamaño o la distribución desigual de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), muestran la realidad de un modelo imperante en España: una agricultura sin agricultores, dominada por los mercados, los acuerdos de libre comercio, y normas y políticas a medida de la agroindustria, que deja atrás la agricultura familiar y social basada en la agroecología.
Este sistema agroalimentario industrial sigue impulsando la pérdida de población rural, de agricultura familiar y social, y la falta de relevo generacional. También conlleva consecuencias ambientales graves, como el aumento de la contaminación de las aguas por la agricultura intensiva y la pérdida de biodiversidad. A esto se suma el impacto de la crisis climática y de biodiversidad sobre la agricultura de pequeña y mediana escala, con pérdidas de hasta el 80 % según el cultivo.
La agricultura familiar en España supone el 82 % de las explotaciones agrarias, y es fundamental para la cohesión social en el mundo rural, para el cuidado de la biodiversidad agraria que produce alimentos sanos y sostenibles, y para el desarrollo del modelo agrario socialmente justo y sostenible. Sobre esta agricultura deben centrarse el desarrollo de sistemas alimentarios sosteniblesy resilientes ante la crisis ecosocial, climática y de biodiversidad.
Por ello, desde las organizaciones que conforman La Vía campesina, así como desde Nos plantamos, recuerdan la importancia de apoyar a las fincas familiares y sociales a pequeña escala hacia una transición más sostenible y justa desde un enfoque social, medioambiental y económico que fortalezca la soberanía alimentaria.
Más información:
Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra): 680 936 327.
Marta Monasterio Martín (Ecologistas en Acción):654 125 316.
Ana Martínez Martínez (Greenpeace): 638 101 739
“Nos Plantamos” es una alianza de organizaciones y personas del movimiento por la Soberanía Alimentaria en favor de una agroecología campesina, con protagonismo de las personas agricultoras y trabajadoras de la tierra, que reivindica el cuidado del medio ambiente, del medio rural, y que ofrece a las consumidoras alimentos sanos, de calidad y de proximidad
La Red de Ciudades por la Agroecología ha celebrado este 1 y 2 de octubre la Asamblea y Encuentro anual para poner en común buenas prácticas en este ámbito. Es ya la cuarta edición de esta cita anual donde también ha participado la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) como parte del COS (Consejo de Organizaciones Sociales). Durante el encuentro se han presentado una “batería de 14 acciones” en torno a cinco objetivos dirigidos a “adaptar los sistemas agroalimentarios locales a los impactos de las emergencias globales y mitigar sus causas”. Las medidas se basan en los resultados de un informe elaborado a tal efecto, y en el que se recuerda la relación entre la producción agroalimentaria y los gases de efecto invernadero.
Como una de las principales conclusiones del encuentro, se constata que «para lograr una alimentación sostenible hace falta fomentar la agricultura ecológica, los canales cortos de comercialización y el cambio en los hábitos de los consumidores». A continuación, un resumen de uno de los debates principales del encuentro, retransmitido por EFE Agro.
La Red de Ciudades por la Agroecología, que engloba a una veintena de ciudades españolas, ha organizado una conferencia junto a la celebración de su asamblea anual, que este año se ha desarrollado de forma telemática. El debate virtual, dedicado a las políticas alimentarias locales frente al cambio climático y otros riesgos globales, ha sido moderado por el director general de Efeagro, Pedro Damián Diego, que ha resaltado la necesidad de abordar en conjunto la producción de alimentos y la protección ambiental para que «esa producción se dé en condiciones saludables».
La directora general de Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sabine Juelicher, ha sostenido que se requieren redes locales y regionales para hacer frente a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria. Ha considerado que la agricultura, que aporta un 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, es «parte del problema» pero también tiene que ser «parte de la solución». En ese sentido, ha mencionado iniciativas impulsadas por la Comisión como el Pacto Verde Europeo y las estrategias de biodiversidad y «De la granja a la mesa», que promueven la transición hacia una agricultura sostenible.
Juelicher ha señalado que la nueva Política Agraria Común (PAC) dará «oportunidades económicas» a los productores con el fin de avanzar en los objetivos fijados, como el aumento de la superficie de agricultura ecológica y la reducción del uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos.
El jefe de unidad adjunto de la dirección general de Agricultura de la Comisión, Ricard Ramón, ha explicado que pretenden aumentar los estándares europeos y tener en cuenta la sostenibilidad en la puesta en marcha de los acuerdos comerciales firmados con terceros países, en la negociación de futuros pactos y en la Organización Mundial del Comercio (OMC). «No queremos que la política europea sirva para dejar de producir determinadas producciones intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero y que se desplacen a otras zonas», ha argumentado el responsable.
Sobre la producción ecológica, Ramón ha afirmado que han detectado problemas en su comercialización y la necesidad de impulsar su consumo «para que los consumidores lleven a los agricultores a cambiar de modelo». Además de mejorar la organización de la cadena alimentaria para dar más poder de negociación a los agricultores, Ramón ha insistido en acercar a estos actores con los consumidores, «que están dispuestos a pagar más cuando saben que lo consumido va a ir en beneficio de la sostenibilidad incluso en tiempos de crisis».
María Navarro, de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha subrayado que «cambiar los hábitos del consumidor tiene un potencial de reducción de emisiones tan potente como las medidas de mitigación que se puedan aplicar en el sector primario». Entre las políticas puestas en marcha en España, país altamente vulnerable frente al cambio climático, Navarro ha citado el Plan nacional integrado de energía y clima, que «empieza a poner el foco en las opciones que tiene el consumidor para disminuir su aportación al cambio climático».
Un consumo responsable, la elección de la dieta, la agricultura de proximidad, los circuitos cortos de comercialización y la lucha contra el desperdicio alimentario son algunos de los aspectos sobre los que se trabaja en distintas iniciativas impulsadas a nivel nacional. «Un sistema alimentario adaptado tiene que pasar por recoger todas estas opciones porque tiene beneficios también para las poblaciones rurales y reduce la vulnerabilidad de las ciudades frente al cambio climático en un mundo globalizado», ha apuntado Navarro.
Para la directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y miembro del Panel Internacional sobre Cambio Climático Marta Rivera, la estrategia «De la granja a la mesa» es «bienintencionada en principio». Sin embargo, ha opinado, esta estrategia «da mucho peso a la elección libre de los consumidores» sin reconocer el medioambiente alimentario, es decir, los factores que facilitan el que la persona adopte una elección u otra.
A su juicio, los sistemas agroecológicos locales y «basados en la confianza» han sido más resilientes a los impactos del coronavirus frente a los sistemas globalizados, que han sufrido más las restricciones y necesitan más insumos. Rivera ha instado a ver los alimentos como un «bien común» y un «derecho humano», al tiempo que ha defendido la agroecología como un «modelo alternativo» que integra tanto la producción y el consumo de alimentos como la adaptación y mitigación frente al cambio climático.
El informe Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales: de la crisis climática a la COVID-19, es el tercero sobre políticas alimentarias locales de la Red de Ciudades por la Agroecología, y aborda las vulnerabilidades y estrategias a implementar frente a las emergencias globales, en especial la climática y la sanitaria. Estas dos crisis tienen elementos estructurales comunes y, por tanto, deben abordarse conjuntamente desde una perspectiva de sistemas alimentarios.
El documento viene a complementar los compromisos políticos promovidos por la Red de Ciudades por la Agroecología en 2020 en torno a la Declaración de Valladolid para el impulso de los sistemas agroalimentarios locales frente a los riesgos globales -ver links de descarga más abajo-, asumida por una veintena de gobiernos municipales el 1 de octubre de 2020 con motivo del IV Encuentro anual de la Red de Ciudades por la Agroecología.
El informe será, por tanto, la base del trabajo a desarrollar por la asociación a lo largo de 2021 en torno a maximizar el papel de las políticas de alimentación sostenible y saludable en la acción climática y la mitigación de nuevos episodios de pandemia relacionados con zoonosis u otros aspectos del sistema alimentario.
El miércoles 27 de mayo de 2020, la Comisión Europea presentó la propuesta para el Fondo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual (MFP) para la UE para el período 2021-2027.
El Fondo de Recuperación prevé destinar 15.000 millones de euros a la estrategia del Campo a la Mesa (From Farm to Fork – F2F) orientada a «mejorar el sistema agroalimentario europeo y hacerlo más sostenible». Pero por otro lado, preocupa la asignación presupuestaria al sistema alimentario dentro del Marco Financiero Plurianual, que se ve reducida en un 9% a lo presupuestado para el periodo anterior del 2014-2020.
Ahora el Presidente del Consejo Europeo ha iniciado la consulta con los Estados miembros y analizará la propuesta antes del 19 de junio, fecha en que se celebrará la próxima sesión del Consejo Europeo.
Desde la SEAE se considera que la mejora, estructuración y viabilidad de los sistemas alimentarios de los territorios europeos deben ser prioritarias en el rescate de la UE y el plan de acción de la UE para el próximo periodo financiero. Para ello, además de garantizar los fondos para el sistema alimentario, debe asegurarse que éstos se usan para beneficio de la sociedad, cumpliendo los siguientes factores:
Afianzar un reparto equitativo de las ayudas asegurando un techo real (capping) al importe máximo de ayudas por beneficiario, con reducciones progresivas a partir de los 60.000 € anuales y estableciendo el límite máximo en 100.000 € anuales sin excepciones. Las ayudas públicas no deben servir para alimentar las grandes fortunas, si no para asegurar el bienestar social.
Evitar el despoblamiento rural y apoyar a la agricultura complementaria para aquellas pequeñas explotaciones que deben complementar sus ingresos con otras actividades por encontrarse en entornos poco productivos o para asegurar la autosuficiencia alimentaria ante esta crisis que afectará a las economías más desfavorecidas.
Proporcionar una alimentación saludable para toda la población.
Reiteramos nuestra postura: es urgente que la Unión Europea (UE) actúe mediante estrategias ambiciosas orientadas hacia una agenda ambiental, climática, de salud pública y social fuerte, unida y coherente, marcando una visión y agenda claras para la Política Agraria Común y el sistema alimentario.
Marta siempre ha estado unida a movimientos sociales y ya como Licenciada y Doctora en Veterinaria, comenzó a trabajar la soberanía alimentaria (uno de sus principales intereses) desde el plano académico. Eso le llevó a dar un vuelco en su perfil profesional, completando un segundo Doctorado en Sociología. Este carácter multidisciplinar le otorga una amplia experiencia como investigadora en el ámbito de la sociología de la agricultura y la alimentación, y de manera particular, en las interacciones entre agricultura, alimentación, sociedad y medioambiente, con énfasis en la adaptación al cambio climático y la seguridad y soberanía alimentarias. También destaca por sus estudios sobre la función social de la agricultura y el papel de las mujeres desde una perspectiva de análisis feminista.
Para una mayor comprensión lectora, esta entrevista se divide en dos bloques de interés relacionados con la temática central de esta edición de Ae: por un lado, las claves sobre el último informe del IPCC y su relación con el sistema alimentario; y por otro, se abre un hilo para el debate sobre las diversas concepciones de democratización del sistema alimentario, un tema que, sin duda, merece tratarse con mayor profundidad en otra entrevista para próximas ediciones.
Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae
“Hay que contextualizar qué es este Informe para entender sus importancia”
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) [1]es el principal órgano científico internacional para la evaluación del cambio climático. Fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear conjuntamente el IPCC. Hoy en día, 195 países son miembros del IPCC que examina y evalúa la más reciente bibliografía científica, técnica y socioeconómica producida en todo el mundo y relacionada con la comprensión del cambio climático.
Por su carácter científico e intergubernamental, el IPCC encarna una oportunidad excepcional de ofrecer información científica rigurosa y equilibrada a los encargados de la adopción de las decisiones. Al hacer suyos los informes del IPCC, los gobiernos reconocen la autoridad de su contenido científico.
Pero… ¿cómo se selecciona a los autores/as del IPCC?
“Llegar al Comité de Expertos del IPCC fue, en cierto modo, una casualidad”, comenta Marta. “Estaba trabajando en un artículo y entré a la web del IPCC a descargarme el último informe. Había entonces una llamada a expertos así que me animé a rellenar el documento y solicitarlo. No esperaba que fuera a ocurrir pero me llamaron”. Cuenta que ha sido un proceso “un poco diferente al habitual ya que son los gobiernos quienes nominan a los autores/as. En mi caso, fui seleccionada directamente desde esa convocatoria”.
¿Y cómo se organiza?
El IPCC está organizado en tres grupos de trabajo y un grupo especial. “Pertenezco al Grupo de trabajo II, dedicado al impacto del cambio climático y a la adaptación y la vulnerabilidad relativas a él. El Grupo de trabajo I se ocupa de las bases de ciencia física del cambio climático; y el Grupo de trabajo III, de la mitigación del cambio climático”. Cada grupo de autores/as refleja una diversidad de opiniones y antecedentes científicos, técnicos y socioeconómicos.
¿En qué fase se encuentra actualmente el IPCC?
Estamos en el sexto ciclo de evaluación. El IPCC publica informes cada 5/7 años, depende de los diferentes periodos”. Para esta etapa se han previsto tres informes especiales y uno metodológico, a publicar en el 2021, sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI). “El primer Informe especial, publicado en octubre de 2018, trató sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5ºC”. En agosto de 2019, se ha publicado Climate Change and Land, el Informe especial sobre cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, gestión sostenible de la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres”.
¿Qué tienen de importante estos Informes Especiales?
La importancia de un informe de este tipo es que participan expertos y expertas de los tres grupos de trabajo. Esto es muy significativo porque permite abordar un problema sistémico desde una mirada sistémica en materia de cambio climático. Por ponerte un ejemplo, uno de los temas que salía era bioenergía, y en general el ahorro de combustible. Si el grupo de trabajo III trabajara de forma aislada, una de sus conclusiones podría ser la importancia de los agrocombustibles a la hora de intentar buscar un balance neto cero, o bien cualquier otra conclusión que sea a nivel de emisiones. En cambio el grupo de trabajo II, lo que se plantearía es: las conclusiones del grupo III son buenas pero, está planteando medidas que compiten con el uso de la tierra para generar alimentos y por lo tanto, se puede crear un conflicto de seguridad alimentaria. Pero, al coordinar los diferentes grupos de trabajo para la elaboración de los Especiales, se permite abordar la temática de una forma mucho más holística. El espíritu del informe es que todos los grupos y, por tanto, las medidas están interconectadas.
¿Qué se aborda en este último Informe Especial (Cambio Climático y Tierra) en relación con los Sistemas Alimentarios (SSAA)?
Las personas que estábamos trabajando en el ámbito de SSAA y además en Cambio Climático, éramos totalmente conscientes de la importancia que tienen los SSAA en el debate del CC. Por eso llevábamos tiempo pidiendo que se incluyera en el debate la cuestión de la seguridad alimentaria. Y conseguimos, en cierta medida, que saliera el tema en las negociaciones. Se trata de una demanda de la comunidad científica, que está solicitando que se aborde el tema del CC desde la perspectiva de Sistema Alimentario (SA) y seguridad alimentaria. (entendida como Food Security – FS – no Food Safety).
Uno de los principales temas de este informe es poder abordar, desde la visión holística, no solamente la mitigación y adaptación del CC sino abordarlo además desde el punto de vista del SA. Las estrategias que se proponen permiten, por tanto, abordar la problemática planteada de una forma más eficiente, como es el caso de la agroecologia. Además de ser una estrategia de adaptación y mitigación del CC, permite trabajar el tema de los suelos desde prácticas y estrategias a nivel agrario en materias como la captura de carbono, el mantenimiento de materia orgánica en el suelo, la disminución del riesgo de erosión y degradación del suelo, la seguridad alimentaria, los SSAA…
Se ha hablado mucho del consumo de carne. ¿Qué explica el Informe sobre esto?
Explica que tenemos, de manera sistémica, exceso de consumo de carne a nivel global y eso tiene implicaciones en el medio ambiente y en la salud de las personas.
A nivel medioambiental, existen problemas en relación al uso del suelo dedicado a la producción de alimentos de origen animal, ya sea en forma de pasto o en forma de cultivos para la elaboración de piensos.
La importancia todo esto radica en abordar el tema de la carne desde la perspectiva holística. Es decir, necesitamos reducir el consumo de carne porque se nos dan varios aspectos a la vez: si consumes menos carne, liberas tierra y al liberar esa tierra, estás permitiendo que se pueda dedicar a, por ejemplo, reforestar y por tanto capturar carbono. Es una forma de adaptarse porque estás reduciendo la presión de la tierra en un contexto futuro de incremento de demanda de alimentos. El tema de la carne representa también cada una de estas interconexiones que hay con cada una de las estrategias que se desarrollan en el informe que permite abordar la mitigación y la adaptación de manera simultánea, y en este caso, además, vincular cambio climático con salud.
¿Se plantea la transformación de los SSAA?
Se reconocen una serie de medidas, unas incrementales y otras transformativas. Y sí, en ellas se plantea la necesidad de que los SSAA tienen que transformarse. El SA tal y como está ahora tiene muchos problemas: a nivel ambiental, de salud, social (el informe también trata temas de género)…
¿Y hay medidas concretas para ello?
Este informe intenta evitar o escapar de decir “esto es lo que hay que hacer”. Intenta siempre contextualizar, que no existen soluciones mágicas sino que cada territorio tiene que acabar de aterrizar según sus necesidades.
Por ejemplo, más allá de que estemos de acuerdo en que hay que reducir el consumo de carne, se dice también que no se puede reducir en todos lados. Es decir, hace falta reducir el consumo pero hay territorios en los que hace falta incrementarlo. Se habla también de agricultura urbana en el informe. Y la agricultura urbana, obviamente, aporta beneficios diferentes en cada lugar. También la agricultura de conservación, la agroecología, se aborda el tema de las variedades tradicionales y su importancia… se señalaran una serie de elementos y cada territorio debe decidir cuales le son factibles porque realmente se acoplan a su necesidad.
¿Se habla de algún modo en este informe sobre democratización alimentaria?
No se aborda pero sí hay un elemento y tiene que ver con la gobernanza de los SSAA. Trata la necesidad de desarrollar plataformas multiactor y multinivel puesto que es un tema que implica salud, territorio, agricultura, medio ambiente, educación, temas sociales (por ejemplo pobreza), etc.
Se plantea que los SSAA necesitan un cambio de gobernanza y ello implica una red de actores globales, y cómo estos diferentes actores abordan todas esas temáticas a diferentes niveles. Entonces tienes el nivel global, y el nivel local, que cada vez tiene más peso. Hay sistemas locales que están realmente contribuyendo a transformar los SSAA a nivel local. Por ello se plantea todo este tema de la importancia de lo local y de buscar las relaciones entre lo local y lo global, esa combinación.
¿De qué tipo de democratización de SSAA estamos hablando?
El tema es más complejo de lo que me planteas… Por ejemplo: Carrefour está trabajando en la generación de plataformas para la participación de los consumidores dentro de lo que es la propia estructura de Carrefour, ¿no?. Literalmente podríamos hablar de que es la democratización del SA pero es que no es la que estamos buscando. No queremos una democratización que venga de las grandes corporaciones.
O por poner otro ejemplo, el proceso de Barcelona para la creación de un Consejo Alimentario Municipal. ¿Cuáles son las funciones de este Consejo Alimentario y quién participa? Se generó mucho debate: había posiciones que planteaban la participación de todos los actores y otras que defendían que si ya había ciertos actores con mucho peso en el SA, no tenían que formar parte del Consejo. Y aquí estamos planteando el proceso de qué es la democratización alimentaria y quién participa en el proceso de democratización alimentaria. Es decir, si queremos revertir la concentración de poder que existe ahora o si queremos obviar eso y, en cualquier caso, dejar que todo actor participe porque reconocemos que las corporaciones juegan un papel relevante en los SSAA. Éste es el primer punto de debate cuando estamos hablando de democratización del sistema alimentario.
¿Y tú que es lo que piensas al respecto?
Queremos una transformación del sistema alimentario desde la base, desde la raíz. Implica el reparto del poder, la generación de espacios para la toma de decisiones mucho más colectivas, donde hay que ser consciente de la limitación de lo que implica esa participación pero también tener en cuenta cuál es la base de las estructuras de poder que se generan en un espacio de participación (por ejemplo, si participan más los hombres o las mujeres). Son una serie de factores que hay que tener en cuenta cuando estableces esos espacios de participación y ahora sí es un debate de democratización.
¿Qué implicaciones tiene la democratización del SA?
No te puedo dar una respuesta de qué implicaciones tiene porque todo ello depende del debate que estamos planteando y cómo lo vamos a abordar.
¿Y qué papel tiene la agroecología en todo esto?
La agroecología, obviamente, lo que hace es reconectar muchas cosas, por ejemplo, a las personas productoras con las consumidoras, la generación de un diálogo y espacios participados por ambos grupos de actores del SA para decidir conjuntamente qué modelo quieren. Para mi, en el aspecto de la agroecología y los distintos tipos de comercialización, diría que por ejemplo los SPG son una clara estrategia de democratización del sistema alimentario.
También tiene que ver con la democratización de los conocimientos. Ahí nos centramos en el acceso del conocimiento por parte de las personas productoras y la perdida del conocimiento tradicional. Si todo el conocimiento para la producción depende de empresas externas (laboratorios o tecnologías que las personas productoras son incapaces de reproducir) no sería un proceso real de la democratización del los SSAA (ejemplo: el tema de las semillas).
Y en definitiva, hablar de un proceso de democratización del SA y de cada uno de los componentes del mismo (desde la producción al consumo en relación con los diferentes espacios) es un tema tan complejo que daría para otra entrevista.
Ahí dejamos el debate abierto hasta próximas ediciones.■
Los bio-distritos (o biorregiones o eco-regiones) se plantean como experiencias de innovación y desarrollo territorial por parte de diferentes comunidades, siendo referentes interesantes entre las diversas estrategias para el fomento de la producción ecológica, la soberanía alimentaria y la lucha contra el cambio climático. Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) se han organizado diversas acciones (simposios, encuentros, un número especial de la Revista Ae…) dedicadas a profundizar en esta materia y a continuar estableciendo redes entre los distintos actores involucrados en la transformación agroecológica del sistema alimentario. Es por ello por lo que SEAE ha participado activamente en el I Congreso Mundial de Ecoregiones, celebrado del 17 al 21 de julio en Idanha-a-nova (Portugal), en el marco Foro Internacional de Territorios Relevantes para Sistemas Alimentarios Sostenibles (FISAS). También han participado otras entidades de referencia internacional como la FAO, INNER (International Network of Ecoregions) o IFOAM EU y han podido conocerse experiencias de ecoregiones como las de Italia, Túnez o las incipientes en España y Portugal.
Aina Calafat, coordinadora de proyectos internacionales de SEAE, ha intervenido con una ponencia sobre “el fortalecimiento de identidades locales y soberanía alimentaria a través de las eco-regiones”, en la que se ha presentado la experiencia del Eco-Distrit del Vinalopó Mitjà i Alt (en Alicante). Calafat ha destacado que “es necesario consensuar una definición sobre agroecología que parta del modelo de producción ecológico, respete los ciclos y la naturaleza, apele a la corresponsabilidad consumidor-productor, la conexión entre zonas urbanas y rurales y que garantice la igualdad y calidad de vida a las comunidades, con especial atención a mujeres y jóvenes”.
Ha señalado además que, “las biorregiones se basan en otra forma de entender las relaciones de las personas con las personas, de las personas con otras especies, de las otras especies entre sí y de tod@s con el medio”. Se trata pues de “relacionarse entre todos desde el respeto a todo y al rol de cada un@, corresponsabilizándonos y colaborando para el bien e interés común y no para el beneficio lucrativo individual”.
Sobre FISAS
“La comida está en el centro del debate sobre la sostenibilidad en el mundo. No será posible lograr la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proporcionar una dieta saludable para la población mundial sin tener en cuenta los recursos naturales del planeta. Por lo tanto, el sistema alimentario mundial necesita una transición urgente. Dicha transición significa promover activamente los sistemas alimentarios locales basados en la agricultura familiar y los métodos de producción sostenible que preservan y promueven la biodiversidad, el conocimiento tradicional y las dietas saludables”. Así se presenta este Foro internacional que ha surgido como una respuesta a la necesidad de definir una metodología para la intervención territorial que articule de manera coherente a las diversas partes interesadas y sus conocimientos e iniciativas para promover sistemas alimentarios sostenibles.
El Foro es un Espacio plural de intercambio de conocimientos y discusiones. Su objetivo es desarrollar recomendaciones de políticas y conocimientos transversales para la construcción e implementación de una metodología integrada para promover sistemas alimentarios sostenibles en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la CPLP y el Decenio de las Naciones Unidas de Agricultura Familiar. En la firma de las conclusiones de este Foro participó el director de INNER, Salvatore Basile, Armindo Jacinto (alcalde de Idanha-a-nova), representantes de la FAO en Portugal, Miguel Freiras (secretario de estado de Desarrollo Rural en Portugal) y Joana Días, directora de ACTUAR. También se hizo un reconocimiento a José Graziano da Silva, Director General de la FAO, con la entrega de la Medalla de Honor portuguesa.
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